¿Qué pasó en la PGV?

¿Qué pasó en la PGV?

En la penitenciaría de San Juan de los Morros el pramato impuso su voluntad. El secuestro de empleados gubernamentales solo se resolvió con la intervención de funcionarios de Miraflores

@javiermayorca

Luego de pasar seis días en poder de los reos, los empleados del ministerio para Servicio Penitenciario no quieren regresar a la Penitenciaría General de Venezuela.

Los 42 trabajadores y un contratista que llevaba alimentos a esa cárcel fueron secuestrados por los internos a partir de la madrugada del lunes 1 de agosto. Algunos de ellos permanecieron cautivos hasta el sábado 6 de agosto, cuando el líder de los detenidos o pram, conocido como Viruviru o La Guaira, consideró satisfecha su demanda de que repoblaran la penitenciaría.

El lunes 8 de agosto, el ministerio otorgó 21 días de reposo a los trabajadores que fueron víctimas del secuestro. Aunque les prohibió declarar a los medios, algunos de ellos confiaron que no desean regresar a sus labores, especialmente si se toma en cuenta que la nueva administración del penal les había exigido trasladar sus puestos de trabajo desde las áreas externas de la instalación hacia el interior. Esta circunstancia facilitó la captura por parte de los reclusos.

En los primeros días, las víctimas permanecieron en grupos divididos, todos bajo amenaza de muerte. Cuando uno de los líderes del secuestro quería ir de un lado a otro del penal las utilizaba como escudos.

PGV: tierra de prames

Al comienzo los reclusos exigieron la presencia de la ministra Maria Iris Varela. Pero ella nunca fue. El miércoles 3 de agosto, según los testimonios, se presentó el ex ministro del Deporte Antonio el Potro Alvarez. Aunque su cara es familiar en Tocorón, los reos de la PGV lo rechazaron.

El jueves la crisis dio un vuelco. El Gobierno le quitó a Varela la interlocución con los reos y se la entregó a José Vicente Rangel Avalos, ex alcalde de Sucre y viceministro de Asuntos para la Paz. Este cargo lo creó Maduro a la medida de Rangel en junio de 2015, y lo adscribió al Despacho de la Presidencia.

En otras palabras, el secuestro en la PGV se resolvió desde Miraflores.

Rangel, diseñador del controvertido programa de las “zonas de paz”, se trasladó a la cárcel y revisó la situación de los cautivos. Luego se comprometió a iniciar los traslados de reclusos hacia esa penitenciaría.

El pramato, por lo tanto, encontró un mecanismo para quebrarle el espinazo al Ejecutivo. El director de la organización Una Ventana para la Libertad Carlos Nieto indicó que hasta el miércoles pasado (10 de agosto) habían llegado a la instalación de San Juan de Los Morros 2380 detenidos, enviados desde retenes de Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Lara y por supuesto de Guárico.

La crisis de la PGV representa un giro en la relación entre los líderes carcelarios y el Estado. Anteriormente los conflictos eran originados por el hacinamiento y otros factores. Básicamente, se resolvían con desalojos. Ahora, exigen que les aseguren su mercado para continuar los cobros de extorsión, conocida como causa en la jerga penitenciaria.

El modelo de acción instaurado en la PGV ahora es imitado por los presos de otras cárceles. En Puente Ayala con la sola amenaza de secuestrar empleados enviaron 1800 detenidos.